Argentina: El Estado no podrá espiar los e-mails
Marcha atrás con la Ley Gran Hermano. La Justicia ratificó el derecho a la privacidad.
Argentina: El Estado no podrá espiar los e-mails
Frenan la polémica ley para controlar a usuarios de Internet. Kirchner ordenó derogar el decreto que la reglamenta. "El objetivo fue controlar el tráfico pero no el contenido", aseguró el jefe de Gabinete. La norma había despertado un enérgico rechazo.
Desde Alemania, el presidente Néstor Kirchner ordenó esta mañana suspender el decreto que reglamenta una polémica ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante diez años datos de sus clientes, por si la SIDE se lo pide a la Justicia.
La decisión presidencial fue confirmada pasado el mediodía por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. "El objetivo fue controlar los tráficos y no el contenido", aseguró durante una conferencia de prensa. La norma había generado un enérgico rechazo desde todos los sectores por la amenaza que supone para los derechos civiles.
"Ni la ley ni el decreto suponían conocer los contenidos de los llamados, los emails o los chats", indicó el jefe de Gabinete. "Obviamente, el Gobierno no tenía esa intención al reglamentar la norma, por cuanto está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos de las personas", aclaró.
El decreto derogatorio, según precisó Alberto Fernández, será firmado la semana que viene, una vez que el presidente Kirchner regrese al país.
La polémica había estallado tras una nota publicada el domingo en Página 12. De acuerdo con la norma, quedarán archivados en registros privados los sitios visitados y los contenidos del correo electrónico y chats de los usuarios, información que puede pasar a manos de los servicios secretos del Estado si media una orden judicial.
Esta mañana, tanto legisladores como constitucionalistas volvieron a criticar duramente la ley, aprobada sin debate a fines de 2003 y reglamentada el 9 de noviembre de 2004, por lo que tendría que empezar a regir a partir del 1º de julio (Edición impresa).
"Es una violación del derecho a la intimidad, es un allanamiento sin orden judicial que lo justifique. Los organismos técnicos y legales del Gobierno tuvieron todo un año para analizar la ley. Pero en todo caso, lo que hicieron fue hacer más represiva la norma...", volvió a afirmar el constitucionalista Daniel Sabsay en declaraciones televisivas.
"Esta norma da vuelta el principio de presunción de inocencia. Ahora somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Me parece realmente muy perverso... Estas leyes son tratadas dentro en un paquete de fin de año y sobre tablas", completó Sabsay.
Cuando se aprobó, la ley fue presentada con un título que se refería solo a las comunicaciones móviles, como una ayuda para investigar los secuestros extorsivos para los que se usaban teléfonos celulares. Pero después, tras la intervención del ex ministro Gustavo Beliz y del secretario de Seguridad Norberto Quantín, se extendió a todo tipo de comunicaciones.
"La discusión era que los proveedores de servicios de telefonía celular debían informar en forma inmediata sobre las llamadas que tengan que ver con secuestros o con llamadas que se vienen siguiendo. Estamos hablando de noviembre de 2003", explicó la diputada Gracia María Jaroslavsky (UCR) sobre la aprobación de la ley en declaraciones a Radio Mitre.
"Esta es una herramienta que tiene el Estado para garantizar la seguridad de las personas. El tema es que el Estado distorsione estos instrumentos. No es que por ley el Estado esta obligado a espiar los mails”, indicó la legisladora.
Fuente: Clarín
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