Rafael Bini / EL INTERACTIVO 2.0

Según el diario La Nación, la dependencia a cargo de esa tarea "está colapsada". ¿Entonces cómo van a hacer para controlar los nuevos D.N.I.?

EN ARGENTINA CIRCULAN BASES DE DATOS SIN NINGUN CONTROL

En la Argentina circulan prácticamente sin control más de 100.000 bases de datos personales, y hasta ahora no existe una normativa que regule el uso de esa información sin el consentimiento de los involucrados.

Se trata de una Argentina oculta: incluye desde informes crediticios ilegales hasta las ventas de bases de datos a gobiernos extranjeros, pasando por el telemarketing sin consentimiento de quienes reciben las consultas y el envío de e-mails masivos sin detalles de procedencia.

Días atrás, la noticia sobre el tráfico de datos de ciudadanos argentinos hecho por la firma norteamericana Choice Point entre agencias federales de su país reveló la existencia de mecanismos irregulares que ponen en riesgo el derecho a la privacidad. Las autoridades del Ministerio de Justicia respondieron a LA NACION que resulta muy difícil aplicar un control eficaz sobre ese flujo de información.

Así, datos de millones de argentinos circulan en sitios de Internet, en correos electrónicos de empresas o de otros Estados sin que los aludidos lo sepan. El país cuenta desde 1995 con una ley de hábeas data que regula y penaliza el manejo indebido de datos personales. Esta norma se sustenta en el artículo 43 de la Constitución nacional, que permite a toda persona interponer una acción judicial para tomar conocimiento de los datos referidos a información personal que descanse en registros o bancos de datos públicos o privados.

El problema es que desde que se reformó la Constitución en 1994 y se creó la figura del hábeas data en 1995 no se le ha dado la real importancia al tema y los sucesivos presidentes no han hecho más que crear la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, con mínima estructura.

Se trata de una oficina creada en 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Depende del Ministerio de Justicia, pero hoy cuenta con sólo ocho empleados, seis computadoras, carece del software necesario para ordenar un registro de bases de datos que contemple las medidas necesarias de seguridad informática y tiene un presupuesto anual de apenas 625.000 pesos.

Resulta muy difícil contar con personal especializado porque se requiere de elevados salarios, que, según sostuvieron distintas fuentes del Gobierno, el Estado en estos momentos no está en condiciones de afrontar. Actualmente sólo existe personal relacionado con el derecho y sin demasiados conocimientos en informática.

El presupuesto actual para la Dirección de Protección de Datos Personales se reparte anualmente de la siguiente manera: $ 400.000 para el personal, $ 22.000 para bienes de consumo, $ 53.000 en bienes no personales y $ 150.000 para bienes de uso.

El viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, expresó a LA NACION que el gobierno de Néstor Kirchner "hará todos lo posible para dar mayor eficiencia a la Dirección de Protección de Datos Personales a fin de que los ciudadanos se sientan respaldados por el Estado ante el uso indebido de sus datos".

Para ello, se ha difundido un manual básico con detalles de lo que significa la protección de datos personales. Se prevé, además, la elaboración de otros manuales instructivos que contarán con el apoyo económico de empresas privadas y de bancos.

"Marcada intención"

El titular de la Dirección de Protección de Datos Personales, Juan Travieso, que fue nombrado por concurso, expresó a LA NACION que "hay una marcada intención del ministro (de Justicia) Gustavo Beliz de dar impulso a la creación de un registro de datos, pero -admitió- en un país donde se mueren chicos de hambre y faltan hospitales resulta muy difícil reclamar presupuesto para controlar bases de datos".

Travieso cuenta con ocho personas a su cargo y cuatro de las seis computadoras de su oficina fueron pagadas por él mismo y las restantes fueron donadas por empresas privadas.

El titular de la dirección, que depende del Ministerio de Justicia, dijo que ocho personas no son suficientes para poner en funcionamiento pleno el organismo a su cargo y, según estimó, se necesitaría un mínimo de 30 empleados para cumplir con sus tareas correctamente.

La insuficiencia de la estructura de la Dirección de Protección de Datos Personales se verá con mayor dramatismo cuando esta dependencia pase a controlar, además, la megabase de datos de los DNI que se dispone a montar el Gobierno.

En España, la dirección de bases de datos personales del Estado cuenta con más de 70 personas, en Francia trabajan en una dependencia similar unas 200 personas y en Gran Bretaña la oficina de protección de datos personales tiene en su órbita 200 personas, un presupuesto anual de 11 millones de libras (unos 20 millones de dólares) y logra una recaudación anual de siete millones de libras (13 millones de dólares) en concepto de impuestos a las bases de datos.

En junio último, la Dirección de Protección de Datos Personales denunció penalmente a la empresa norteamericana Choice Point, que presuntamente vendió al Departamento de Justicia de Estados Unidos una importante base de datos con información electoral, personal y del registro de propiedad de los argentinos.

Por otra parte, hace pocos días se publicó en el Boletín Oficial una disposición por la que se establecieron sanciones de carácter leve, grave y gravísimo que van de los 1000 a los 100.000 pesos para aquellas personas que manejen datos indebidamente. Y se hicieron convenios con España, Francia y Gran Bretaña para armar el software del registro público de datos personales, crear redes de denuncias y reclamos con un sistema de mediación y programas de capacitación.

El titular de la Dirección de Protección de Datos Personales adelantó a LA NACION que se estudian mecanismos de autofinanciamiento del organismo que podrían originarse en un impuesto anual que se les cobraría a todas las empresas o particulares que se registren en el Estado para poder operar bajo normas legales.

Pero no todo es negativo. Paradojas de la Argentina en crisis: mientras que en el país se descuida el organismo contralor de bases de datos, la Unión Europea elogió a la Argentina porque cuenta con una ley que asegura, por lo menos en la teoría, la protección de datos personales. Un caso único en toda América del Sur.

Casos espinosos

Más allá de controlar las bases de datos y el manejo de información de las personas, la Dirección de Protección de Datos Personales podría evitar, por ejemplo, que un municipio publique en las calles la lista de los vecinos morosos (como se pidió hace unos meses en el Ministerio de Justicia y fue negado), que una universidad emita el listado de salarios de sus docentes o que una fábrica de autos lujosos publique datos personales de sus clientes.

Para tener una idea de la dimensión del problema, sólo el día previo a la promulgación del decreto del corralito financiero, en 2001, se hicieron al Banco Central 500.000 consultas sobre informes crediticios provenientes de diversas bases de datos.

Fuera de control

En la Argentina circulan sin control más de 100.000 bases de datos personales y se diseminan millones de "e-mails basura".

El país cuenta desde 1995 con una ley de hábeas data que regula y penaliza el manejo indebido de datos personales.

La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, creada en 2001, no tiene la estructura necesaria: cuenta con sólo ocho empleados, seis computadoras y carece del software y del personal adecuados.

Fuente: La Nación