La empresa choicepoint vendió datos privados de usuarios argentinos al gobierno americano.
Programa secreto de EE.UU. tiene fichados a millones de latinoamericanos
El gobierno estadounidense ha comprado el acceso a bancos de datos sobre cientos de millones de habitantes de diez países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina, -- aparentemente sin su consentimiento o conocimiento -- a fin de permitir que una gran cantidad de agencias federales rastreen a extranjeros ubicados en Estados Unidos.
Una compañía en los suburbios de Atlanta, ChoicePoint Incorporated, ha recopilado la información en el extranjero y la ha vendido en los últimos 18 meses a autoridades estadounidenses de una treintena de agencias, incluyendo investigadores del Servicio de Inmigración que la han utilizado para arrestar a indocumentados.
La práctica forma parte de una tendencia característica del actual gobierno de Estados Unidos, cada vez más hambriento de información, que ha comprado datos personales tanto de estadounidenses como de extranjeros, y los obtiene de empresas comerciales como ChoicePoint y LexisNexis.
Las autoridades estadounidenses consideran los datos acerca de los extranjeros como parte de un mecanismo de seguridad que permite a los encargados de la ley y al sector turístico echar un vistazo a los antecedentes de personas que entran a Estados Unidos.
Combinada con otros datos, la información también puede utilizarse para identificar a terroristas potenciales o descubrir documentos falsos de identidad, según afirman funcionarios gubernamentales y empresariales.
"Nuestro único propósito en la vida es vender información para hacer que el mundo sea más seguro", dijo el jefe de mercadotecnia de ChoicePoint, James Lee. "El no tener información concreta acerca de alguien podría representar un peligro. ¿Qué riesgos representan las personas que entran a nuestro país? Uno puede aceptar ese riesgo, pero desea estar informado acerca de él".
Varios expertos en cuestiones de privacidad de Latinoamérica ponen en duda la legalidad de las ventas de registros de ciudadanos nacionales, y afirman que con frecuencia algunos empleados del gobierno venden la información en forma clandestina.
ChoicePoint parece ser la mayor -- tal vez la única -- empresa dedicada a comerciar con detalles personales de extranjeros. Desde el 2001, la compañía vende bancos completos de datos sobre ciudadanos latinoamericanos.
La información incluye los detalles personales de habitantes del continente desde México hasta Argentina, gente que probablemente nunca imaginó que funcionarios de Washington podrían, con sólo apretar unas teclas, leer archivos de identidad que originalmente estaban destinados a las autoridades de la ciudad de México, San Salvador o Bogotá.
"Es la globalización de un problema muy desafortunado del consumidor estadounidense", dijo Robert Ellis Smith, abogado que examina las actividades de las agencias de crédito en su condición de editor de la revista Privacy Journal, .
Smith dice que los gobiernos latinoamericanos deben proteger a sus ciudadanos al aprobar leyes de privacidad similares a los estatutos europeos, que prohíben comprar información personal en gran escala.
En México, donde ya existe una aguda desconfianza acerca del gobierno estadounidense, la mayoría de los ciudadanos se enfurecerían si se enteraran de que sus domicilios, números de pasaporte, e incluso números telefónicos que no aparecen en el directorio telefónico han sido vendidos a Washington, dice Julio Téllez Valdés, profesor de derecho y experto en protección de información en el Instituto Tecnológico de Monterrey.
"Podemos permitir que el gobierno mexicano controle nuestra situación, pero no el gobierno estadounidense", dijo Téllez. "No vivimos en Estados Unidos".
ChoicePoint dice que compra los archivos de subcontratistas radicados en México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero declina identificar a los que venden tales datos ni decir cómo obtuvieron la información esos grupos.
De Brasil, Choicepoint vende números telefónicos y detalles sobre líderes empresariales. Recientemente la compañía dejó de actualizar su registro de ciudadanos de Argentina, debido a la escasa demanda y a las restricciones de una nueva ley sobre la vida privada, dijo Lee, director de mercadotecnia.
Parece que los archivos se originan en agencias que empadronan votantes o emiten identificaciones nacionales y licencias de conducir. ChoicePoint proporcionó copias parciales de contratos, que requerían que los contratistas certificaran que habían comprado la información legalmente.
Si ChoicePoint puede vender su información detallada de extranjeros a Washington, también puede comercializar sus datos de ciudadanos estadounidenses con los gobiernos extranjeros, pero afirma que no lo hará debido a su política interna.
"Creemos que no es correcto y es por ello que no lo hacemos", dijo Lee.
En México, ChoicePoint dice que compra los registros de licencias de conducción de seis millones de habitantes de la ciudad de México y el padrón electoral de todo el país, entregándolos al gobierno de Estados Unidos.
Si los registros de los votantes salieron del Instituto Federal Electoral de México, las ventas son ilegales, dijo Víctor Avilés, portavoz del organismo.
"Si alguien lo vendió, cometió un delito", agregó Avilés.
Téllez dijo que empleados inferiores del gobierno mexicano venden información información electrónica en forma rutinaria a los ténicos de mercadeo y se embolsan las ganancias. Una ley de privacidad recién propuesta podría castigar con penas de prisión a los que vendan información de ciudadanos mexicanos sin su permiso.
Pero la Asociación de Mercadotecnia Directa de Estados Unidos y compañías norteamericanas como Reader"s Digest y American Express se oponen a la propuesta de ley, que también considera un delito enviar datos de mexicanos a Estados Unidos.
Téllez predijo que esa presión podría debilitar dicha propuesta.
En Colombia, ChoicePoint compra la base de datos de identificación de ciudadanos de todo el país, incluyendo la fecha y lugar de nacimiento de cada habitante, su número de pasaporte y de identificación nacional, su familia y su descripción física.
"No creo que 31 millones de colombianos autorizaran eso", dijo Nelson Remolina, abogado colombiano y experto en privacidad, refiriéndose al número de registros obtenidos por ChoicePoint. Se supone que el gobierno colombiano sólo puede divulgar los registros solicitados por nombre, o cuando el sujeto otorga permiso, agregó.
ChoicePoint no sólo está interesada en los latinoamericanos. Pero Lee dijo que los intentos de la compañía de obtener datos personales en otros lados no han tenido éxito.
A la empresa se le prohíbe comprar bases de datos en Europa y en otras regiones con leyes de privacidad estrictas, o en países donde los gobiernos se niegan a vender información. ChoicePoint también operó en Hong Kong, Corea del Sur y otros países del este de Asia hasta que la demanda se agotó hace unos años, dijo.
Voceros de las agencias estadounidenses con acceso a la información latinoamericana de ChoicePoint afirman desconocer cómo fueron utilizados los datos recibidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declinó responder a repetidas preguntas de The Associated Press acerca del uso que da la patrulla fronteriza de Estados Unidos a los bancos de datos personales.
Fuente: Associated Press
martes, abril 15, 2003
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